En el año y medio transcurrido desde que asumió el cargo, el gobernador Rick Scott ha hecho avanzar agresivamente una serie de leyes y órdenes ejecutivas que han impugnado los límites de las protecciones constitucionales aceptadas. (Foto de Gage Skidmore.)

Por Tristram Korten
Florida Center for Investigative Reporting

Cuando Maria Kayanan respondió a la puerta de la sede de la ACLU en Miami una mañana de octubre del 2011, vio a una mujer en jeans y una camiseta a la entrada.

Kayanan, directora adjunta de Asuntos Legales de la oficina del Capítulo de la ACLU en Miami, se disponía a explicar que el centro legal sin fines de lucro no aceptaba clientes de esa manera.

In English

New Laws Challenge Constitution and Coffers

“Está bien”, recuerda que la mujer le dijo. “Yo me dedico a otra cosa”.

Y entonces le entregó a Kayanan una citación judicial.

Como el documento explicaba, abogados de la oficina del gobernador Rick Scott le exigían artículos, encuestas de opinión y declaraciones vinculadas a la posición de la Sociedad de Libertades Civiles de Estados Unidos sobre las leyes de obligatoriedad de las pruebas de drogas. Otra citación judicial estaba vinculada a una demanda que la ACLU estaba presentando a nombre de los empleados estatales que impugnaba la orden del gobernador de someterse a pruebas de drogas.

“Mi reacción fue de asombro”, dijo Kayanan. “No somos parte de la demanda, somos sus abogados. Los abogados representan a sus clientes y por lo general no reciben citaciones judiciales para declarar sobre sus clientes”.

La ACLU presentó rápidamente una moción para oponerse a la citación judicial, y el magistrado federal Edwin Torres falló a su favor, escribiendo que los documentos que los abogados del gobernador exigían “casi no tienen nada que ver con las alegaciones o la defensa en este caso”.

“Fue una táctica intimidatoria”, dijo Randall Marshall, director jurídico de la ACLU de la Florida.

El estado terminó perdiendo ese caso. La jueza federal de distrito Ursula Ungaro falló en abril que las pruebas generalizadas de drogas a empleados estatales sí infringía la Cuarta Enmienda.

En el año y medio transcurrido desde que asumió el cargo, el gobernador Scott, apoyado por una Legislatura estatal con una supermayoría republicana y la Fiscal General Pam Bondi, ha hecho avanzar agresivamente una serie de leyes y órdenes ejecutivas que han impugnado los límites de las protecciones constitucionales aceptadas. Cuando han tenido oposición, los abogados del estado han contraatacado vigorosamente, en los tribunales y en público.

“La Florida parece presionar los límites del entendimiento convencional de la Constitución y han puesto a prueba lo que hasta ahora estaba aceptado”, dijo Steven Schwinn, profesor adjunto de Derecho en la Facultad John Marshall de Derecho de Chicago, y colaborador del blog SCOTUS, dedicado a temas constitucionales.

“Yo diría que somos los primeros en legislación contra los derechos civiles”, dijo Fletcher Baldwin, experto en ley constitucional de la Universidad de la Florida que ha monitoreado ese tipo de proyectos de ley a nivel nacional. “Por lo menos como las interpretan la Constitución federal y los tribunales federales”.

Los esfuerzos de la Florida por impugnar protecciones constitucionales han llevado a una ola de demandas que alegan que el estado infringe una gama de derechos. La ACLU, que participa en por lo menos ocho de estas demandas, se vio obligada a contratar a dos abogados adicionales para ayudar, en parte, con la carga de trabajo.

La ACLU ha demandado a gobiernos anteriores, entre ellos el gobernador Jeb Bush durante sus dos períodos en el cargo sobre una prohibición a usar fondos públicos entregados a las universidades para que se usaran en viajes a Cuba en el 2006, así como una impugnación en el 2002 a un programa de cupones escolares. Pero el gobierno de Scott se destaca. “Este ritmo de litigios es mucho mayor”, dijo Marshall, que lleva 18 años con la ACLU de la Florida.

La oficina de prensa de Scott declinó comentar para este reportaje. Y grupos de estudio conservadores, como el American Enterprise Institute y grupos de apoyo como la Sociedad Federalista también declinaron solicitudes de comentarios.

Entre los casos más prominentes del momento en la Florida están:

  • La ACLU, a nombre de un hombre desempleado que recibía asistencia del estado bajo un programa llamado Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, impugnó la orden del gobernador que exigía que los beneficiarios de la asistencia social se sometieran a pruebas de drogas. La ACLU alega que la prueba viola el derecho consagrado en la Cuarta Enmienda contra registros y decomisos ilegales.
  • El caso anteriormente mencionado sobre el uso al azar de pruebas de drogas a empleados estatales. La ACLU y un sindicato de empleados estatales impugnaron las pruebas de drogas como condición de empleo. Un juez ha declarado la norma inconstitucional.
  • Un grupo de médicos y asociaciones médicas impugnan una nueva ley que prohíbe a los doctores preguntar a un paciente si hay armas de fuego en su casa si no es algo relacionado con la visita del paciente. La demanda alega que esto es una violación del derecho de la Primera Enmienda a la libre expresión y el libre intercambio de ideas.
  • Grupos cívicos e individuos han impugnado en demandas por lo menos cuatro nuevas leyes alegando que infringen derechos electorales, entre otras cosas, al dificultar a grupos independientes inscribirse y limitar las oportunidades de votación.

(La Florida está involucrada de manera prominente en otra impugnación constitucional; es el demandante principal en un esfuerzo de 26 estados por derogar la Ley de Servicios Médicos Asequibles federal, demanda que se inició antes que Scott asumiera el cargo)

Mientras tanto, en los tribunales estatales, Florida Legal Services tomó el caso de una mujer ciega de Miami que vivía con asistencia del gobierno y que impugnó los esfuerzos del gobernador por realizar cambios generales en las normas, alegando que interferían con su capacidad para recibir asistencia. Un juez falló a su favor, declarando que Scott había excedido su autoridad constitucional. Otro juez falló contra los esfuerzos del gobernador y la Legislatura para obligar a los empleados estatales a contribuir el 3 por ciento de su sueldo a un fondo de pensión del estado. Estados de todo el país están estudiando medidas como esta para fortalecer sus debilitados sistemas de pensión. Pero la objeción en este caso fue el método del estado, la apropiación y no la renegociación. Una demanda de 11 empleados estatales alegó que la regla era equivalente a decomisar una propiedad privada sin la debida compensación y una infracción del derecho a la negociación colectiva.

Las iniciativas legislativas de la Florida parecen ser una inspiración para otros estados. Más de 20 estados están redactando medidas para obligar a los beneficiarios de la asistencia pública a que se sometan a pruebas de drogas, entre ellos Wyoming, Illinois y Maryland. Una propuesta similar en Colorado fue eliminada en la Cámara anteriormente este año por una división bipartidista.

“Estos estados citan claramente a la Florida como ejemplo”, dijo Derek Newton, portavoz de la ACLU de la Florida. “Hemos recibido una ola de llamadas de solicitud de ayuda de afiliadas de la ACLU en todo el país”.

El caso del derecho de los médicos a preguntar a los pacientes si hay armas de fuego en su casa también se sigue de cerca en otras partes. La ley se originó en la Legislatura, pero Scott la apoyó en público. (Scott fue eliminado como acusado a su insistencia).

“Otros estados han estudiado propuestas legislativas que obstaculizan el derecho de un médico a preguntar sobre las armas de fuego”, dijo Bruce Manheim, abogado de Washington D.C. que maneja el caso de manera gratuita. Esos estados son Minnesota, Virginia, Virginia Occidental y Oklahoma. La Legislatura de Tennessee tenía una propuesta similar pero fue retirada recientemente.

El caso se desarrolló después que un pediatra le preguntó a un paciente si había armas de fuego en la casa, y el paciente se quejó de que la pregunta era una intrusión. El médico explicó que generalmente preguntaba a los padres si había armas de fuego en la casa para poder aconsejarlos sobre la necesidad de guardarles debidamente para impedir que los menores tuvieran acceso.

Lo que hace estas batallas jurídicas frustrantes para los demandantes como la ACLU es que hay numerosos precedentes legales en esos temas. Las pruebas de drogas obligatorias para los beneficiarios de la asistencia social en Michigan fueron eliminadas por un tribunal federal en 1999, una decisión que fue confirmada durante una apelación, aunque el gobernador Scott inspiró a los legisladores de Michigan este año a resucitarla. Las pruebas de drogas han sido declaradas repetidas veces inconstitucionales cuando se aplican a empleados estatales.

“El Tribunal Supremo federal es donde él [Scott] tiene que ir para cambiar la ley”, dijo Marshall sobre las pruebas de drogas a los empleados estatales. “Los tribunales han fallado repetidas veces que la Cuarta Enmienda es válida cuando el gobierno es el empleador”.

Después que un tribunal falló contra la autoridad de los estados para someter a pruebas de drogas a los empleados estatales, Scott prometió apelar.

Muchos observadores opinan que los políticos aprueban estas leyes sabiendo que no se implementarán, y lo hacen sólo con propósitos políticos.

“Todos estos esfuerzos son una declaración política”, dijo Schwinn, el profesor de Chicago. “Los legisladores no pueden esperar razonablemente que estas cosas entren en vigor o se confirmen”.

Baldwin, el profesor de la Universidad de la Florida, concuerda: “No creo que tengan la menor oportunidad de ganar ninguna de estas impugnaciones federales”. Baldwin califica esas políticas de “leyes arrogantes” porque “desprecian la Constitución, por lo menos como la interpretan los tribunales federales”.

Pero los que defienden estas iniciativas tienen obviamente una perspectiva diferente.

Marion Hammer, ex presidente de la National Rifle Association (NRA) y cabildero de la organización en la Florida, afirma que limitar las preguntas de los médicos sobre las armas de fuego no es una violación de la Constitución. De hecho, Hammer alega que la Constitución protege el derecho de privacidad de pacientes a quienes se negaría cobertura si se incluyera en su historia clínica información sobre armas de fuego.

“Esto es absolutamente constitucional no obstaculiza que los médicos ofrezcan información a los pacientes. Protege la privacidad de los pacientes de intrusión en áreas en que los médicos no tienen ninguna razón para indagar”, dijo. “Los pacientes van al médico buscando servicios médicos, no a que les infrinjan sus derechos de privacidad”.

Hammer dijo que la NRA ayudó a redactar el proyecto de ley que el gobernador firmó.

La oficina de prensa del gobernador y la Procuraduría General de la Florida declinaron comentar si Scott pidió opiniones jurídicas antes de impulsar las leyes y normas que ha iniciado. En caso que se hubiese preguntar a los asesores jurídicos estatales, estos hubieran informado a Scott si estas leyes podían implementarse y defenderse en los tribunales.

Pero como la oficina de Scott declinó comentar sobre el proceso, no está claro si el gobernador conocía las vulnerabilidades jurídicas antes de firmar los proyectos de ley.

Sin embargo, la ACLU y Manheim expresaron que el gobernador debió haber sabido. Los dos enviaron cartas anunciando su intención de demandar si las leyes se aprobaban.

Otro factor que el estado tendría que haber tomado en cuenta es el costo de defender leyes controversiales en momentos de alto desempleo, fuertes recortes a la educación y los servicios, y repetidos déficit de presupuesto. Según contratos a los que el Florida Center for Investigative Reporting ha tenido acceso, la Florida ha:

  • Acordado pagar al bufete Alston & Bird $400,000, más un máximo de $100,000 en gastos, para defender la orden del gobernador en los tribunales estatales de que todos los empleados del estado de la Florida deben contribuir 3 por ciento de su sueldo a un fondo de pensión. Un juez falló en marzo contra el gobernador y el estado asignó otros $300,000 para apelar la decisión.
  • Pagado al bufete Wiley Rein, de Washington, DC, $148,000 para representar al estado en una de varias demandas por derechos electorales en las que la Florida está involucrada.
  • Ha contratado a GrayRobinson P.A. por $70,000 anuales, más gastos, para ayudar en la fase de presentación de documentos en el caso de las pruebas de drogas a beneficiarios de la asistencia social y otros $8,500 para un testigo experto.

La factura pudiera aumentar sustancialmente si el estado pierde cualquiera de las demandas federales, porque la ley federal permite la recuperación de los costos en la fase de recopilación de documentos en casos que involucren infracciones del gobierno a la Constitución federal. El estatuto tiene por fin desalentar a los legisladores a redactar leyes inconstitucionales y asegurar que los ciudadanos puedan impugnar al gobierno si este es el caso. Si en estas demandas se falla contra la Florida al nivel de apelaciones, el estado pudiera perder millones.

El gobernador Scott y su Legislatura parecen no prestar atención a la controversia y las críticas. Scott firmó recientemente una ley que permite a los alumnos ofrecer mensajes inspirativos en asambleas escolares, incluidas las oraciones religiosas.

La ley entra en vigor en julio.

Y grupos de derechos civiles prometen demandar.

El Florida Center for Investigative Reporting es una organización sin fines de lucro apoyada por contribuciones de fundaciones e individuos. Para más información, visite fcir.org.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.