(Photo courtesy of ICE.)
Por Thomas Francis
Florida Center for Investigative Reporting
A principios del 2009, cuando la Policía de Inmigración y Aduanas amplió Secure Communities de su programa piloto en Houston al resto del país, funcionarios federales informaron a las autoridades locales que no era obligatorio que participaran en el programa de compartir información. Pero en los últimos dos años, no participar ha sido difícil, y a veces imposible, para los gobiernos locales.
De hecho, en respuesta a preguntas del Florida Center for Investigative Reporting, Nicole Navas, portavoz del ICE, dijo que los gobiernos locales no pueden negarse a participar en Secure Communities.
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El programa del ICE es controversial debido a la percepción entre los defensores de los inmigrantes de que Secure Communities alienta a las policías locales a participar en racial profiling y desalienta a los inmigrantes de denunciar delitos.
Aunque se trata de presentar a Secure Communities como un programa dirigido a controlar a los delincuentes violentos que viven ilegalmente en el país, el programa incluye a todos los arrestados por las policías locales. Esto, alegan los críticos, puede llevar a la policía a arrestar a un hispano con el pretexto de que es sospechoso de un delito cuando la verdadera intención es conocer el estatus migratorio de la persona e iniciar el proceso de deportación.
Estas preocupaciones, así como la falta de disposición de abrumar los recursos policiales, han llevado a varios condados en California y Virginia a no participar en Secure Communities. Sin embargo, según las normas del ICE, las jurisdicciones locales necesitan la aprobación de sus respectivos gobiernos estatales para no participar. Esto fue un obstáculo para los condados Alameda, San Francisco y Santa Clara, porque el procurador general de California en ese momento, el recientemente electo gobernador Jerry Brown, apoyaba Secure Communities.
Kamala Harris, procuradora general de California y demócrata, electa en noviembre del 2010, no ha declarado si apoyará el intento de los gobiernos condales de no participar en Secure Communities.
Autoridades del Condado Arlington, en Virginia, se opusieron a Secure Communities antes que el programa comenzara a operar en ese estado a principios del 2010. Sin embargo, el ICE inscribió al Condado Arlington en el programa y las entidades policiales locales comparten información con el ICE a pesar e una votación unánime en contra de la Comisión Condal en septiembre del 2010.
Durante una reunión en noviembre del 2010, se informa que funcionarios del ICE indicaron a funcionarios condales de Arlington que si no participaban en Secure Communities perderían el acceso a la base de datos federal, una herramienta crucial para identificar a delincuentes peligrosos y una exigencia de la ley estatal.
No obstante, no está claro si el ICE tiene autoridad para obligar a los gobiernos locales a participar en el programa. Y además de la falta de claridad, el ICE no ha respondido a solicitudes presentadas en febrero del 2010 por la National Day Laborer Organizing Network, que busca saber cómo los gobiernos locales pueden no participar en el programa. Cuando en diciembre del 2010 el ICE no había respondido a la petición, Shira Scheindlin, juez federal de distrito en Nueva York, dijo: “Me parece que el gobierno está arrastrando los pies”.
En la Florida, el programa se implementó a nivel estatal en junio del 2010. Hasta el momento, ninguno de los gobiernos locales floridanos ha solicitado no participar en el programa.
Hasta mediados de enero, 37 estados y 969 entidades policiales locales habían firmado acuerdos con el ICE para compartir información a través de Secure Communities. Para el 2013, el ICE planea exigir a todas las entidades policiales locales a que se inscriban en el programa. Pero probablemente esa exigencia sea impugnada en los tribunales.