VIDEO: Dos mujeres comparten su triste historia de cómo trataron de probar su ciudadanía dominicana.

Por Whitney Phillips
Cronkite Borderlands Initiative

SANTO DOMINGO, República Dominicana — Mientras los políticos en por lo menos 14 estados debaten los méritos de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, en este país se niega la ciudadanía a miles de personas.

Miledis Juan, dominicana de 25 años y graduada de maestra, no puede trabajar como tal porque se le negó acceso a su certificado de nacimiento. (Foto de Brandon Quester.)

Durante los últimos 7 años, el gobierno dominicano ha modificado la Constitución, dado nueva interpretación a leyes antiguas y aprobado otras nuevas, eliminando de hecho la ciudadanía por nacimiento. Hoy, un niño que nace en República Dominicana ya no es ciudadano dominicano automáticamente; ese reconocimiento sólo lo merecen los que pueden probar que al menos uno de sus padres está legal en el país.

Lo que es más, el cumplimiento vigoroso de las nuevas reglas significa que cientos de miles de personas de origen haitiano tienen cada vez más dificultad en recibir su certificado de nacimiento, imprescindibles para casarse, graduarse de secundaria, comenzar un negocio, recibir la licencia de conducción o el pasaporte, o incluso tener servicio telefónico. También es indispensable para solicitar la cédula de identidad, que es esencial para votar y realizar actividades básicas como transacciones bancarias.

Sin la documentación debida, estas personas no tienen estatus legal en el país y muchos que llevan viviendo aquí años tampoco pueden probar que son ciudadanos haitianos.

Son, de hecho, apátridas, personas sin ciudadanía.

Cristóbal Rodríguez, abogado dominicano de derechos humanos y profesor de Derecho, lo describe de otra manera: “Esto es un genocidio civil”, dijo.

Sin futuro

Miledis Juan mira a su hijo de 1 año, Henry, con secreciones nasales y los ojos inflamados por un catarro. El niño le extiende un brazo y ella lo carga.

Miledis y Henry nacieron en este país, y eso, dice Juan, les da el derecho de ser ciudadanos dominicanos. Pero el gobierno tiene otro punto de vista, y eso hace que Juan se preocupe por el futuro, tanto el de ella como del niño.

“El prácticamente no existe”, dijo. “Sin documentos uno no es nadie”.

Las autoridades dominicanas dicen que las leyes nunca tuvieron por fin otorgar la ciudadanía por nacimiento a los hijos o descendientes de inmigrantes ilegales. Y afirman que no debe usarse el término “apátridas” con los nacidos en República Dominicana descendientes de haitianos.

José Ángel Aquino, magistrado del Registro Civil, la Junta Central Electoral, dijo que los descendientes de haitianos pueden regresar a su país y obtener la ciudadanía si pueden probar que sus padres son haitianos.

“Debido a esto, en el caso de los haitianos, desde nuestro punto de vista, no se pueden decir que sean ‘apátridas’ ”, dijo Aquino en español. “Estos ciudadanos haitianos siempre tienen la posibilidad de inscribirse en su consulado… o simplemente en Haití”.

Pero para muchos inmigrantes haitianos, como Juan, la situación es más compleja.

Nacida en diciembre de 1985, cuando las leyes y actitudes eran diferentes, Juan recibió un certificado de nacimiento y cédula de identificación. Pero no tiene documentos que prueben que nació en Haití, y para naturalizarse haitiana tendría que someterse a un proceso de solicitud de cinco años, dijo Liliana Gamboa, directora de proyecto de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta en Santo Domingo.

Además, Juan no quiere la ciudadanía haitiana porque nunca ha vivido en ese país. “Sé que Haití existe porque hay un mapa donde lo puedo ver, pero no tengo ninguna relación con ese lugar”, afirmó.

Su vida transcurre en el Batey Esperanza, una comunidad pobre y mayoritariamente haitiana en las afueras de la capital dominicana, Santo Domingo, donde trabaja largas horas en una máquina de bordar en una zona franca.

Aunque estudio para maestra, no puede conseguir trabajo en una escuela porque no tiene manera de recibir una nueva copia de su certificado de nacimiento. El Registro Civil guarda los certificados de nacimiento originales y emite duplicados. Los duplicados oficiales son necesarios para cualquier cosa oficial, desde solicitar el ingreso a la universidad y comprar propiedades, hasta una licencia de matrimonio y prácticamente para cualquier empleo. Cada duplicado sólo puede usarse para un propósito y vence en pocos meses.

Juan dijo que cuando fue al Registro Civil le dijeron que nunca debió haberse inscrito como ciudadana dominicana porque sus padres llegaron al país sin documentos desde Haití.

“Prácticamente, tengo las manos atadas”, dijo. “No hay nada que pueda hacer sin un certificado de nacimiento. Estoy paralizada”.

Ella también necesita su certificado de nacimiento para que Henry reciba el suyo, si el que no tiene derecho a servicios médicos o escuela después del octavo grado.

“Mi mayor temor es que está en el país sin documentos”, dijo Juan. “No es nadie en este país”.

Cambio de reglas

Antes que la ciudadanía por derecho de nacimiento fuera abolida, la Constitución de
De la República Dominicana planteaba que cualquier persona nacida en el país era ciudadano dominicano, con la excepción de los niños nacidos de personas “en tránsito”, lo que generalmente se interpretaba como aquellos con menos de 10 días de presencia en el país. El primero de los cambios, aprobado en el 2004, redefinió “en tránsito” como aquellos que estaban ilegalmente en el país. Un año después, la Corte Suprema dominicana confirmó que tal ley es constitucional.

Seis años más tarde, el gobierno modificó la Constitución para limitar aún más la ciudadanía. Desde el 26 de enero del 2010, los ciudadanos deben probar que tienen un por lo menos un padre de nacionalidad dominicana antes que los reconozcan.

Miledis Juan vive con su esposo, Henry Claude Joseph, y su hijo de 1 año, Henry Alberto, a quien también la negaron el certificado de nacimiento. (Foto de Brandon Quester.)

Al mismo tiempo, la Junta Central Electoral (JCE), que supervise el Registro Civil, emitió una orden, la Circular 17, que instruye a los empleados del gobierno a no entregar duplicados del certificado de nacimiento u otros documentos de identidad si tienen alguna razón para creer que la persona no debe tener la ciudadanía dominicana.

Según Gamboa, esto significa que el JCE “decide… si usted es digno de su documentación” y ha llevado a represalias contra personas de nombre francés y piel oscura.

Eso es lo que Modesta Michel cree que le sucedió a ella. Michel solicitó su cedula de identidad cuando cumplió los 18 años en el 2007. La cédula se emite a los 18 años y debe renovarse cada seis años o cuando el gobierno emite una nueva versión.

Al principio no hubo problemas. Tenía un duplicado oficial de su certificado de nacimiento y la oficina del Registro Civil le aprobó la cédula, entregándole un recibo que verificaba la información que aparecería en su cédula de identidad.

Pero entonces le informaron que no recibiría la cédula oficial laminada porque sus padres habían inmigrado de Haití, dijo ella.

Y poco después, cuando necesitó un duplicado de su certificado de nacimiento para tomar un examen nacional para el diploma de educación secundaria, también se lo negaron, agregó.

“Todos los años pienso que la esperanza es cada vez menor, pero confío en Dios que a final de cuentas estos se resuelva, porque estudiar es la única forma de avanzar en la vida”, dijo Michel a través de un intérprete. “Es la única opción que tengo”.

Mayores retos

Autoridades del gobierno afirman que la Circular 17 sencillamente hace cumplir la intención original de la Constitución. Las personas que están en el país ilegalmente nunca debieron haber recibido la ciudadanía venezolana y algunos la recibieron por errores y corrupción de empleados del Registro Civil, dijo Aquino, magistrado del JCE.

Pero muchos defensores de los que no tienen ciudadanía, entre ellos Gamboa, dicen que la aplicación retroactiva de la nueva ley está prohibida por tratados internacionales firmados por la República, como la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.

La Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta y otras organizaciones de derechos humanos han comenzado a batallar en los tribunales. Consiguieron una victoria clave en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005 en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana, que llevó al otorgamiento de la ciudadanía dominicana a dos menores descendientes de haitianos.

Más recientemente, han tomado el caso de Emildo Bueno. Nacido en la República Dominicana en 1975, tenía varios documentos de ciudadanía, como el certificado de nacimiento y el pasaporte. Incluso así, cuando en el 2007 Bueno solicitó un duplicado de certificado de nacimiento para una visa con la que pensaba unirse a su esposa en Estados Unidos, lo rechazaron porque sus padres eran ciudadanos haitianos.

Con la ayuda de Rodríguez, el abogado dominicano de derechos humanos, Bueno llevó su caso a un tribunal dominicano en el 2008, alegando la violación del derecho humano básico a la nacionalidad. Bueno perdió el caso.

“A pesar de toda las pruebas y el hecho de que legalmente estaba en lo correcto, el juez falló en mi contra”, dijo Bueno.

Entonces presentó una apelación al Tribunal Supremo dominicano en el 2009, que todavía no ha fallado en el caso. Mientras tanto, Francisco Quintana, subdirector de programas y litigante del Centro de Justicia y Ley Internacional, ha presentado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gamboa dijo que un fallo favorable del tribunal internacional pudiera llamar la atención al problema y presionar al gobierno dominicano a cambiar sus normas.

Henry Claude Joseph con su hijo en el Batey Esperanza. (Foto de Brandon Quester.)

“At the end of the day, it will be political pressure that will bring the result we expect, which is the recognition of nationality of people of Haitian descent,” she said.

Pero mientras tanto, existe otra preocupación. La República Dominicana está trabajando en un nuevo sistema de cédulas de identidad con el fin de eliminar la ciudadanía fraudulenta al exigir a los residentes que presenten sus huella digitales y fotos biométricas, que se incorporan a una base de datos. Aquino dijo que el JCE ha recibido las huellas y fotos de unos 4 millones de personas hasta el momento.

El JCE tiene “un atraso de 15 años” en la implementación complete del sistema, dijo Aquino, pero trabaja duro para ponerse al día. Agregó que el JCE también ha presentado una propuesta al gobierno dominicano en que le pide autorización para realizar un censo biométrico de todos los extranjeros que viven en el país.

Gamboa y otros activistas de derechos humanos temen que estos nuevos programas lleven a que todos los descendientes de haitianos sean clasificados como ilegales.

“El problema será enorme”, dijo Gamboa. “Espero, quizás tengo fe, que no suceda, que la República Dominicana se de cuenta antes que no puede cometer un crimen así”.

“Creo que las personas sin identidad, sin nacionalidad, son las más desprotegidas del mundo”, agregó. “Cuando ningún país quiere reconocer a una persona como ciudadano, no hay nadie que la proteja”.

Aunque la situación política para los inmigrantes haitianos y sus hijos ha sido difícil, hay un rayo de esperanza en el horizonte. Aquino dijo que apoya un programa de regularización para trabajadores haitianos. A finales de julio, otro magistrado del JCE, Eddy Olivares, dijo en una entrevista de televisión que los hijos de inmigrantes haitianos deben recibir documentos de identidad, especialmente los que llegaron a la República Dominicana a tenor con acuerdos laborales con Haití. Olivares ha agregado que la autoridad dominicana de Inmigración, no el JCE, tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la validez de los documentos y que por lo tanto el JCE no debe invalidar documentos porque los padres de una persona sean inmigrantes. Pero a final de cuentas tendría que haber un cambio político y legislativo, a través del gobierno dominicano, para controlar la corriente contra los derechos de los inmigrantes.

El futuro

No hay mucho que Juan, Michel o Bueno pueden hacer mientras se sigue redefiniendo el concepto de nacionalidad en el país donde nacieron.

Juan va a trabajar todos los días a la fábrica de ropas, aunque preferiría ser maestro.

Bueno finalmente recibió la visa y llegó a Estados Unidos, donde trabaja en una compañía de seguridad en la Florida, mientras apela su caso por la ciudadanía dominicana. Bueno tiene residencia temporal en Estados Unidos pero no es ciudadano oficial de ningún país.

Bueno habló por todos cuando dijo: “No tenemos ningún país”.

Junto con miles de otros, esperan no equivocarse cuando se llamen a sí mismos dominicanos.